Con el objetivo de celebrar los avances en los derechos de niños y niñas, promover y concientizar sobre su bienestar, cada 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia, como una oportunidad para sensibilizar al público sobre la urgencia de ponerlos en el centro de las políticas públicas.
La fecha marca dos hitos históricos: la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el tratado internacional más ratificado de la historia. En ellos se consagran derechos como el acceso a la salud, la educación y la vida familiar, junto con la protección frente a la violencia y la discriminación.
Sin embargo, la realidad actual sigue mostrando profundas desigualdades y empuja a seguir impulsando estos derechos. En Chile, uno de cada cuatro habitantes es menor de 18 años, pero muchos crecen en condiciones adversas. Según datos de Unicef, el 10,5% de los niños y niñas vive en situación de pobreza por ingresos, el 15,5% entre los 5 y 17 años realiza algún tipo de trabajo infantil, y seis de cada diez cuidadores principales admiten recurrir a métodos de disciplina violentos.
A esto se suman otras problemáticas que han cobrado fuerza en los últimos años, como el aumento de los problemas de salud mental infantil, la exposición temprana a la violencia digital y la falta de acceso a espacios seguros y de calidad para la recreación. Esto refleja que la protección de la infancia no solo depende de leyes o instituciones, sino de una cultura del cuidado que debe consolidarse en la familia, la escuela y la comunidad.
Para Darío Ovalle, director ejecutivo de Sembrar Futuro, esta jornada no es solo una conmemoración, sino una oportunidad para volver a comprometerse con los derechos que transformaron la manera en que entendemos la infancia. “Este día recuerda el compromiso mundial con los derechos de niños y niñas, un tratado que cambió la forma en que concebimos la infancia . Sin embargo, aún hay muchos lugares donde esos derechos se vulneran, ignoran o se niegan, y es deber de todos defenderlos para asegurarles un mejor futuro”, explica Ovalle.
Actualmente, 156 mil niños, niñas y adolescentes son parte de programas del Servicio Nacional de Protección Especializada –incluyendo los de cuidados alternativos residenciales que hoy llegan a 5 mil–, en un contexto donde más de 156 mil niños ingresaron en 2024 al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename), mientras que ese mismo año nacieron 135 mil niños en el país. Estas cifras reflejan los múltiples frentes donde el Estado y la sociedad deben redoblar sus esfuerzos.
Ovalle enfatiza que “la deuda con la infancia sigue siendo profunda” y que se requiere triplicar los esfuerzos públicos y privados para que los derechos de niños y niñas sean efectivamente garantizados. “Sólo así podremos reconstruir juntos un sistema integral que verdaderamente los proteja y les permita crecer sin límites”, agrega.
En la misma línea, María Pía Santelices, académica UC y directora del Centro Cuida UC, destaca que una de las principales deudas pendientes es el buen trato hacia la infancia, centrado en el cuidado, el apego seguro y el bienestar socioemocional.
“Los niños y niñas no se pueden comprender sin sus padres o cuidadores, por lo tanto, es esencial apoyarlos en promover competencias parentales. Los padres o cuidadores que han tenido experiencias adversas de infancia pueden presentar dificultades en la crianza, por lo que es crucial apoyarlos, mantener sistemas de monitoreo de señales preocupantes para intervenir oportunamente y capacitar a los agentes educativos en habilidades que promuevan un óptimo desarrollo socioemocional en la infancia”, concluye Santelices sobre el foco en la prevención.
De este modo, cada 20 de noviembre se mantiene como un llamado urgente a poner a niños, niñas y adolescentes en el centro de las políticas públicas, más allá de discursos o conmemoraciones. Porque garantizar sus derechos no es solo un deber moral, sino la base para construir una sociedad más justa, equitativa y humana.
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