- Hace poco más de un año, dos ballenas jorobadas jóvenes fueron halladas muertas en zonas protegidas del sur de Chile. Hoy, Greenpeace vuelve a alzar la voz: las investigaciones siguen abiertas y sin responsables.
Noviembre de 2025. Un año después de que Greenpeace acudiera a la justicia por la muerte de dos ballenas jorobadas en la Patagonia, la organización dio a conocer nuevos antecedentes del caso y reitera su llamado a la transparencia y la justicia.
Las querellas fueron interpuestas tras el hallazgo de dos ejemplares juveniles en áreas protegidas: uno en el Parque Nacional Laguna San Rafael y otro en la Reserva Nacional Kawésqar. Ambos cetáceos murieron rodeados de redes, embarcaciones, ruido y estructuras industriales en lugares donde la vida marina debería estar a salvo.
Los antecedentes recopilados por Greenpeace refuerzan la hipótesis de interacción humana directa y revelan graves vacíos institucionales en la respuesta de las autoridades frente a muertes de fauna marina, incluso dentro de áreas protegidas.
“Estas ballenas viajaron miles de kilómetros buscando refugio y encontraron grandes amenazas, jaulas, embarcaciones y negligencia estatal. Un año después, las empresas salmoneras siguen sin entregar toda la información y la justicia aún no da una respuesta”, señaló Roxana Núñez, Encargada de Incidencia de Greenpeace Andino. Eso también es impunidad ambiental.”
Las necropsias describen lesiones compatibles con redes o cuerdas, mientras que los registros aportados por las empresas resultan parciales e incompletos. Greenpeace advierte señales de manejo temprano e inadecuado de evidencias, sin coordinación efectiva con las entidades correspondientes, y releva que Chile carece aún de protocolos y peritajes a la altura para estos casos.
Este escenario ocurre justo cuando el país cuenta, por primera vez, con una legislación que tipifica los delitos ambientales en el Código Penal. La Ley N° 21.595, vigente desde 2023, establece penas de hasta 10 años de cárcel y multas millonarias por afectar gravemente áreas protegidas o ecosistemas marinos, y permite además sancionar penalmente a las empresas.
“Hoy existe una ley que castiga a quienes destruyen ecosistemas protegidos, pero la pregunta es si se aplicará cuando los responsables son grandes compañías. Los casos del Parque Nacional Laguna San Rafael y la Reserva Nacional Kawésqar podrían constituir una afectación grave a áreas protegidas, sancionada bajo el Código Penal. Sin embargo, la falta de acción y coordinación de las autoridades amenaza con convertir esta ley en una promesa, más que en una herramienta real de justicia para la naturaleza”, afirmó Núñez.
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