Dentro de las modificaciones que impulsa el ejecutivo con esta iniciativa están fortalecer la persecución de la reincidencia, mejorar el sistema de sanciones y reforzar la reinserción como una herramienta para aumentar la seguridad.
La seremi Andrea Ponce destacó la reciente aprobación en general por parte del Senado del proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, iniciativa que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos graves cometidos por adolescentes y reforzar la seguridad pública.
Respecto a la iniciativa, la autoridad regional señaló que “como Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Aysén valoramos la aprobación en general de este proyecto, porque representa un avance importante para fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Con esta iniciativa buscamos contar con herramientas más eficaces para enfrentar la reincidencia y los delitos graves, resguardando la seguridad de la ciudadanía, pero también promoviendo procesos de reinserción que permitan a los jóvenes reencauzar sus proyectos de vida. Esperamos que la tramitación en particular permita seguir perfeccionando este proyecto, con una respuesta más firme, equilibrada y efectiva del Estado. La seguridad de las familias y la reinserción efectiva de los adolescentes no son objetivos contrapuestos; por el contrario, deben ir de la mano para construir una sociedad más segura y con mayores oportunidades para todos y en eso estamos trabajando como Gobierno del Presidente Kast”.
Cabe mencionar que las indicaciones serán ingresadas durante la tramitación en particular del proyecto, cuyo plazo fue fijado por la Sala del Senado hasta el viernes 17 de julio, en tanto la iniciativa continuará su tramitación con suma urgencia, con el objetivo de que pueda volver prontamente a ser votada por la Sala.
Dentro de los ejes centrales de las indicaciones del Ejecutivo están:
– Modificar el cumplimiento de penas para adolescentes de 17 años y 6 meses o más, estableciendo que quienes deban seguir cumpliendo condena después de los 18 años lo hagan en secciones juveniles especiales dentro de recintos penitenciarios, evitando la contaminación criminológica.
– Exigir el cumplimiento de una parte de la condena antes de solicitar la sustitución del régimen de cumplimiento, fijando un mínimo del 50% de la pena o de dos tercios, según la gravedad del delito.
– Privilegiar el régimen cerrado. Ampliar la procedencia de penas privativas de libertad, aumentando su extensión y restringiendo la posibilidad de sustituirlas, en caso delitos graves con penas entre 3 años y un día y 5 años.
– Incorporar la reincidencia en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, aumentando las sanciones cuando un adolescente cometa uno o más delitos.
– Impedir que los delitos cometidos siendo adolescente permitan posteriormente invocar la atenuante de irreprochable conducta anterior al enfrentar un nuevo proceso penal como adulto.
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