La iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast contempla medidas para prevenir hechos de violencia en los establecimientos educacionales, reforzar la autoridad docente y resguardar el desarrollo de las actividades educativas.
La Delegada Presidencial Regional de Aysén, Luz María Vicuña, valoró la aprobación y despacho a ley del proyecto «Escuelas Protegidas», iniciativa que busca fortalecer la seguridad y la convivencia al interior de los establecimientos educacionales del país.
«La seguridad en los establecimientos educacionales es fundamental para nuestra sociedad, pues, la seguridad, en el núcleo de la educación, está profundamente vinculada a las familias. Las escuelas y liceos son un segundo hogar, en donde, para que verdaderamente se pueda aprender y enseñar, debe prevalecer la paz y para esto es necesario que cada uno de quienes integran las comunidades educativas, puedan confiar en que donde se imparte educación, estarán protegidos de la violencia, razones más que suficiente para que esta ley se haya presentado con premura y promovido con tanta energía por el gobierno de nuestro Presidente José Antonio Kast, ya que, entrega herramientas con el objetivo de prevenir hechos de violencia y fortalecer la autoridad de los docentes», afirmó la Delegada.
La autoridad explicó que la iniciativa busca entregar mayores herramientas a las comunidades educativas para prevenir hechos de violencia y resguardar el desarrollo de las clases.
Medidas
Entre las disposiciones aprobadas, la ley permite que los establecimientos educacionales implementen procedimientos para prevenir el ingreso de elementos peligrosos, incluyendo la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias personales de los estudiantes, conforme a los protocolos establecidos en sus reglamentos internos.
Asimismo, fortalece la autoridad de docentes y equipos directivos, permitiéndoles adoptar medidas preventivas y disciplinarias para resguardar la convivencia escolar.
Esta normativa también establece que los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, así como de aquellos que promuevan o hagan apología de la violencia, las drogas o conductas contrarias a la ley.
Además, incorpora como causal de afectación grave a la convivencia escolar la interrupción total o parcial de clases o cualquier acción que altere el normal funcionamiento de la jornada educativa.
Otro aspecto relevante es que se establece una inhabilidad de cinco años para acceder al beneficio de gratuidad en la educación superior para personas condenadas por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la indemnidad sexual o la infraestructura pública cuando estos sean cometidos al interior de establecimientos educacionales.
«Los hechos de violencia en los establecimientos educacionales, duelen y provocan daños enormes a las familias. Por eso es importante contar con herramientas que permitan actuar de manera oportuna y protegerlas contra este verdadero cáncer que es la violencia en nuestra escuelas y liceos, concluyó.
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