Un reciente y contundente dictamen de la Contraloría General de la República advierte a todas las municipalidades del país, incluyendo a las de la Región de Aysén, que los concejales no tienen facultades para gestionar recursos públicos en beneficio de agrupaciones privadas.
Lo que para muchos históricamente podía considerarse un «favor político» o una simple ayuda comunitaria, hoy queda estrictamente fuera de la ley. La Contraloría General de la República ha emitido un oficio que sacude el funcionamiento interno de los concejos municipales a lo largo de todo Chile, con un impacto directo que ya pone bajo la lupa a las distintas administraciones comunales de la Región de Aysén.
A través del Oficio N° OF95047/2026, el ente contralor resolvió una consulta inicial que buscaba aclarar si los ediles pueden solicitar el uso de bienes municipales —como buses o servicios contratados por el municipio— para trasladar a personas de instituciones privadas a eventos ajenos a la agenda oficial. La respuesta de Contraloría fue un categórico «no».
La Probidad por Sobre el Amiguismo
El documento es tajante al rayar la cancha sobre los límites éticos y legales de las autoridades locales:
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Prohibición de gestiones privadas: Quedan totalmente excluidas de las funciones de los concejales aquellas gestiones que busquen promover, defender o representar cualquier interés particular, como lo sería efectuar requerimientos a favor de privados ante el alcalde o los funcionarios.
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Cero recursos para terceros: Se concluye que no se observa que los concejales tengan facultades para exigir el uso de bienes o servicios del municipio en beneficio de terceros para actividades que no correspondan a la agenda de la municipalidad.
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Vehículos exclusivos para uso oficial: El dictamen recuerda expresamente que los bienes públicos, y en particular los vehículos municipales, solo pueden ser utilizados para el cumplimiento de los fines institucionales.
El Fantasma del Lobby
La resolución subraya que los miembros del concejo están sujetos al principio de probidad, lo que los obliga ineludiblemente a hacer primar en todas sus acciones el interés general por sobre el particular.
Pero el golpe de gracia viene con una severa advertencia: la Contraloría exigió que se dé cumplimiento estricto a la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades.
Este dictamen, que ha sido distribuido a todas las municipalidades y Contralorías Regionales a nivel nacional, marca un precedente que corta de raíz la costumbre de utilizar el aparataje municipal para quedar bien con agrupaciones externas. En la Región de Aysén, donde el apoyo logístico y de transporte suele ser altamente demandado por las distancias y la geografía, la pregunta queda abierta: ¿Cuántos compromisos políticos de nuestros concejales chocarán ahora de frente contra este estricto dictamen de Contraloría?
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